La fuerza de México
By Joaquín Villalobos
Revista NEXOS México March 1, 2009
La afirmación de que México podría convertirse en un Estado fallido es intelectualmente tan absurda como sostener que la actual crisis económica conducirá al fin del capitalismo. Ambas son afirmaciones paranoicas. La primera surge de la necesidad de los conservadores estadunidenses de inventarse enemigos satánicos poderosos; y la segunda de la necesidad religiosa de las izquierdas extremistas de que se cumpla la profecía del fin del capitalismo, como anuncio del advenimiento del reino del socialismo. El Fondo por la Paz y la revista Foreign Policy elaboraron un estudio sobre Estados fallidos, basado en indicadores sociales, económicos y políticos para clasificar a 177 Estados de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad. En los primeros lugares están Somalia, Sudán, Zimbabwe, Chad, Irak, Congo y Afganistán; y los tres últimos son Suecia, Finlandia y Noruega. Los extremos de la lista dejan bastante claro qué es un Estado fallido. En esa clasificación, India ocupa el lugar 98, México el 105 y Brasil 117, ubicándose en un rango similar al de otras potencias emergentes, pero con menos riesgos que Israel, Rusia y China, que están en los lugares 58, 68 y 72, respectivamente.
Dentro de América Latina, Colombia aparece en el lugar 37. Con mayores vulnerabilidades que México aparecen también Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba, Perú, Honduras, El Salvador y Paraguay. Los indicadores incluyeron factores como creciente presión demográfica; movimientos masivos de refugiados; situación de emergencia humanitaria; legados históricos de venganza; luchas internas crónicas y sostenidas; declive económico severo, criminalización y/o deslegitimación del Estado, deterioro grave de los servicios públicos (transporte, agua, electricidad); suspensión o aplicación arbitraria del Estado de derecho; violaciones generalizadas a los derechos humanos, ascenso de poderes fácticos antagónicos, e intervención del país por parte de otros Estados.
Estos indicadores muestran, claramente, que no es serio utilizar la percepción de inseguridad de los propios mexicanos —o la paranoia estadunidense— para sacar conclusiones extremas sobre la actual violencia en México. Para hablar de Estado fallido es indispensable tomar como referencia a los países que llevaron a la construcción del concepto. Al hacer esto se vuelve evidente que México ni está ni estará cerca de una situación de ese tipo. Colombia, que ha tenido reconocidos progresos, tiene más de dos millones de refugiados y una tasa de homicidios que es el triple de la de México, y aun así sería descabellado pensar que Colombia pudiese convertirse en un Estado fallido.
Los conflictos políticos de México se ubican en la dinámica normal de su proceso de transición democrática. Las insurgencias mexicanas son pequeñas, marginales, de acción esporádica y de menor peligrosidad que las FARC colombianas o que la ETA española. La protesta social mexicana está predominantemente controlada por clientelismos partidarios que la han vuelto asalariada y profesional. Siglo y medio antes de que el afroamericano Obama pudiera ser presidente de Estados Unidos, México tuvo a Benito Juárez, de origen indígena, como presidente. En México hay un racismo marginal, mucha pobreza, grandes desigualdades y demandas sociales como las tienen otros países del continente, pero no existen legados de venganza ni agravios profundos que lo pongan en riesgo de fragmentación. El crimen organizado no tiene ninguna posibilidad de convertirse en un factor de disrupción a escala nacional.
La violencia en México es considerable y no puede ser tratada como un problema menor, pero está focalizada en lugares que son parte de rutas y plazas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Estas zonas de conflicto comprenden algunas ciudades de siete estados (Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Michoacán, Durango y Jalisco). La violencia no es generalizada, sin embargo, su explosión en los puntos conflictivos creó un problema de percepción de inseguridad que impactó a todo el país, y asustó a los generales en Washington. En la mayor parte del territorio no existen problemas de delincuencia organizada de gran envergadura, en otras ciudades se tiene un problema de seguridad pública como el que sufren otros países; en no pocas urbes los niveles de seguridad son de primer mundo y en lugares tan estratégicos para el narcotráfico, como Nuevo Laredo, la acción del gobierno ha logrado reducir drásticamente los niveles de violencia.
En democracia la percepción de inseguridad deriva en un debate de opinión pública que puede llevar a exageraciones o reducciones de acuerdo a quien habla. México está padeciendo lo primero. Pero lo paradójico es que la intensidad de ese debate es un indicador positivo, ya que ni el Estado se está volviendo autoritario en medio de la amenaza ni la oposición y la opinión pública se sienten tan intimidadas por el problema como para callarse. Lo más grave que le puede ocurrir a México es que la violencia se prolongue, pero pensar en que su sociedad pueda dividirse o que su Estado colapse por el narcotráfico es ridículo.
Las organizaciones criminales en México están viviendo un proceso autodestructivo.. La mayor parte de bajas se las causan ellos mismos, y esa descomposición se aceleró con la intervención del Estado. Así son este tipo de guerras, no hay ni puede haber combate frontal entre el Estado y los criminales, por ello la violencia luce como incontrolable y los cárteles aparecen con un enorme poder de fuego que en realidad no utilizan. Sus armas son más para intimidar que para combatir, su interés central es cooptar autoridades y ciudadanos, más que confrontarse con la fuerza del Estado. En última instancia, las posibilidades de éxito en estas guerras no tienen tanto que ver con quien gobierna, sino con la correlación entre las capacidades del Estado y la sociedad contra las de los criminales. Los progresos de Colombia no se deben, exclusivamente, a las iniciativas del presidente Uribe, sino a que Colombia tenía una economía alternativa a la droga, un Estado con recursos suficientes, una clase política inteligente y una población que demandaba paz y no tenía nada que ver con las drogas. Sin esos factores la determinación e ideas del presidente Uribe no habrían tenido éxito. El riesgo es grave para Estados pequeños como Guatemala que no tiene con qué defenderse frente al poder financiero del narcotráfico.
México es un Estado grande, la décimo cuarta economía del mundo, con 107 millones de habitantes y casi dos millones de kilómetros cuadrados. A pesar de los defectos de calidad, desorganización y corrupción, su poder coercitivo lo componen cerca de 800 mil hombres entre policías y militares. Tiene, además, un sistema de partidos estable, una clase política y una intelectualidad calificada, unos medios de comunicación poderosos y una fuerte cohesión social fundada en un nacionalismo que pone a todos a cantar la música de José Alfredo Jiménez y en la que hasta los ateos son culturalmente guadalupanos.
Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales.
Soy Víctor Portillo Rodríguez, saludo a Ana María Salazar y a Joaquín Villalobos. Con respeto difiero un poco de las opiniones vertidas. El grado de corrupción entre los mexicanos es alto y muy arraigado culturalmente, tenemos una clase política decadente, torpe, la propia ciudadanía se deja atemorizar y no acierta a considerar la legalización de las drogas como una via de solución si se quiere parcial, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales están permeados por los carteles, y las estructuras policiacas y del propio ejército empiezan a debilitarse por la infiltración de la delincuencia organizada, en diversas formas. El panorama no puede ser mas preocupante. Una solución parcial, si se quiere, es legalizar las drogas. La sociedad y los gobiernos deben dejar sus temores y dar el paso, el país --es decir la juventud-- se pierde.
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